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Este último mes ha sido difícil para nuestro país. A principios de este mes se registró la tormenta tropical “Cristóbal”, que afectó con inundaciones gran parte de los estados del sur, y hace apenas dos días (23 de junio) se registró un sismo de 7.5 de magnitud con epicentro en la comunidad de Crucecita, Oaxaca causando daños menores en estados vecinos, pero centrando su poder destructivo en éste.
En un panorama similar al del 2017, se están implementando por parte de los gobiernos federal y estatal un reconocimiento y limpieza de escombros de las zonas de desastre, para así tomar medidas de reconstrucción de inmuebles.
Lo mismo sucede en la península de Yucatán, donde se encuentran ya en una fase un poco más avanzada en el proceso de reconstrucción.
Estos dos ejemplos podrían ser el inicio perfecto de una implementación y generación de políticas de reconstrucción participativas, donde son las comunidades las que junto con el gobierno y diversas organizaciones, crean diálogos que culminan en la producción y desarrollo de modelos de vivienda que cumplan realmente con su visión de habitar; sin embargo, éste parece no ser el caso.
En la península de Yucatán, específicamente la localidad de Tekax, fue una de las más afectadas por “Cristóbal”.
Alrededor de 1,610 viviendas sufrieron daños (entre parciales y totales). De éste número, sólo 68 fueron beneficiarias del programa de reconstrucción del FONDEN, ya que las viviendas restantes son catalogadas como “precarias”, porque son viviendas hechas a partir de materiales y procesos constructivos vernáculos.
Por el otro lado, el sismo afectó principalmente la zona de los Ozolotepec en Oaxaca; hasta el momento, se contabilizan alrededor de 2,000 viviendas dañadas. En ésta localidad (como en muchas otras del estado que también resultaron afectadas) las viviendas se caracterizan por ser vernáculas y estar hechas de adobe, un material tradicional.
La pregunta es, ¿cuántas de éstas viviendas no serán “aptas” para recibir ayuda para la reconstrucción?
Otra punto importante que debe señalarse es la ganancia de desarrolladores y organizaciones “sin fines de lucro” por medio del asistencialismo. Si bien existen ONGs que sí se interesan realmente por el derecho a la vivienda y por otorgar a las familias viviendas de emergencia, hay muchas otras que surgen con la idea de “generar vivienda” de forma masiva en este tipo de situaciones.
Nuevamente, la idea no suena mal en teoría, pero cuando es evidente que éstas “viviendas de emergencia” no toman en cuenta la identidad cultural y espacial, así como la forma de habitar de las personas a las cuales van dirigidas, puede resultar contraproducente.
Considero que las normativas en cuanto al uso de materiales y procesos constructivos debe replantearse, ya que es un tema más complejo de que si las casas son “precarias” o no; obedece a un sentido de culturalidad y de derecho al territorio que debemos respetar y defender.
Los arquitectos tenemos que entender que no somos los únicos que decimos cómo se debe vivir. La arquitectura debe ser un proceso inclusivo, adaptable a las diferentes visiones de cada individuo; dejar de considerar el diseño como un proceso exclusivo y más como un proceso participativo.
Debemos comprender que no todos tenemos la misma visión de habitar, y no tenemos la misma relación con nuestro entorno. Las necesidades de los individuos obedecen a muchos factores (sociales, culturales, territoriales, etc.) que no necesariamente deben parecerse a os nuestros.
Los arquitectos necesitamos visualizarnos como un “puente” entre lo procesos y materiales “tecnificados” y los vernáculos, siempre velando por la visión del territorio y hábitat del usuario y/o comunidad. De ésta manera, sí podrían satisfacerse todas sus necesidades.
La vivienda debe dejar de verse como un producto y más como un derecho, así dejaremos de habitar por habitar.
ACCION DISEÑO 