Personas en situación de calle, confinados en un estacionamiento en Las Vegas por el gobierno de Estados Unidos.
Fuente: LaVanguardia
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Desde el comienzo, dos de las principales medidas de prevención contra la propagación del COVID-19 han sido el constante lavado de manos con agua y jabón y el aislamiento social, difundido bajo el hashtag #QuedateEnCasa. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes una vivienda? Ya que #ParaQuedarseEnCasaHayQueTenerUna.
En palabras de Leilani Farha, relatora especial de la ONU “la vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus”, lo cual reafirma la importante necesidad de ésta.
Pero en medio de esta crisis, el hacer valer este derecho ha sido muy difícil, especialmente para cuatro sectores poblacionales; las personas en situación de calle, la población en asentamientos urbanos irregulares, la comunidades rurales y las personas que viven en situación de arrendamiento.
La transición del trabajo en oficina a medios virtuales (el famoso home office), así como la desaceleración de importantes sectores económicos, ha llevado a varias empresas a recurrir a medidas como despidos masivos, o recortes de salario de hasta 70% del mismo.
Esto ha afectado enormemente a todos los trabajadores; en especial cuando, según cifras incluidas en el Plan Nacional de Vivienda, el 61% de los ingresos de los mexicanos se destina a la vivienda y sus servicios.
Muchas personas que no poseen una vivienda propia (alrededor del 15% de las viviendas en México son arrendadas) en estos momentos no podrán pagar la renta y por lo tanto, pueden ser víctimas de desalojos forzosos por parte de los dueños.
Si bien, no hay un organismo gubernamental que regule los contratos de arrendamiento en el país, si debería ser prioridad el crear medidas y planes en materia de pagos para la renta de los inmuebles; esto con el fin de eliminar los desalojos por falta de pago y evitar que más personas no cuenten con una casa donde resguardarse por el tiempo que dure la pandemia, así como el tiempo que tome la regularización de salarios y la estabilidad financiera del arrendatario.
Por otro lado tenemos a las personas que viven en situación de calle, las cuales en este momento son más propensas a contraer el virus ya que no cuentan con un espacio propio, así como acceso a medidas sanitarias básicas. Este grupo alberga a personas que fueron víctimas de violencia en sus hogares, así como de discriminación de género, orientación sexual, etc., al igual que las personas que han perdido sus casas debido a desastres naturales.
Las políticas públicas deben ahondar en esta población de manera urgente, conocer sus necesidades a fondo, así como el deber proveer viviendas de emergencia o refugios temporales donde puedan accesar a los servicios básicos necesarios.
Como comentaba al principio, la mejor manera de eliminar el virus es lavándose las manos con agua y jabón, pero eso es imposible si no tienes acceso al agua.
Esta limitación del acceso al agua también la padece el sector que se encuentra en asentamientos urbanos irregulares. Destinados a no poder obtener un subsidio gubernamental y/o un crédito hipotecario (debido a que pertenecen al sector del empleo informal) para acceso a una vivienda, estas personas viven en hacinamiento en las periferias de las ciudades, donde muchas veces el acceso al agua potable y alcantarillado no existe, al igual que los niveles de violencia y seguridad aumentan, debido al mismo hacinamiento y a la desaceleración económica que estamos atravesando. Sin mencionar que el hecho de que a ellos también se les ha negado el acceso a la salud, ya que estos asentamientos no cuentan con infraestructura urbana básica; ya sean clínicas de salud, hospitales, etc., donde puedan acudir, no sólo por temor de estar infectados de COVID-19, sino por otras alteraciones médicas.
La situación se recrudece si miramos hacia las comunidades rurales. Un ejemplo de ésta marginación de las políticas públicas hacia las comunidades rurales y/o indígenas es la comunidad Mixe en San Pedro Ayutla, Oaxaca, una comunidad de alrededor de 5 mil habitantes que tiene más de tres años sin tener acceso al agua potable (#AguaParaAyutlaYa), lo cual le dificulta a la comunidad el poder protegerse del virus, al no contar con la infraestructura adecuada en sus hogares.
Tal parece que el COVID-19 ha destapado la realidad que ha venido suscitándose en nuestro país desde hace más de 30 años: las políticas públicas en materia de vivienda no están capacitadas para satisfacer la demanda de una población cada vez más ávida de una vivienda e infraestructura adecuada, asequible (que permita a las personas con empleo informal poder acceder a ella), y que no se conforme con la famosa #CajitaDeZapato que cada vez se ha hecho más común en nuestra imagen urbana. Hemos visto un paso hacia la diversificación de las políticas con el acierto del INFONAVIT y el FOVISSSTE en cuanto los esquemas de crédito para la autoconstrucción de vivienda sin intermediarios que ofrecieron hace unas semanas; sin embargo, no es suficiente.
Sólo queda esperar que estas medidas marquen el inicio de la participación y empoderamiento de la población en búsqueda de una solución real y efectiva de vivienda; que se deje de pensar en cantidad y no en calidad, así como dejar de beneficiar a los desarrolladores de vivienda a costa del bienestar de los habitantes.
ACCION DISEÑO 